Lo primero que debe hacer el usuario es solicitar una asesoría, en la cual será atendido por uno de nuestros abogados. La consulta se ofrece en modalidad: presencial, virtual o vía telefónica.

Para el año 2023, la asesoría tiene un valor de $50.000 para persona natural y desde $92.000 para consultas grupales y empresariales. Dicho valor se cancela una sola vez y tienen derecho a 1 año de seguimiento totalmente gratis, si el usuario presenta dudas o inquietudes frente al mismo caso que se trató inicialmente.

Porque a través de la asesoría, todas las personas en especial aquellas que presentan bajos ingresos, pueden acceder a la justicia.

Se le recomienda a la persona que tomará la asesoría, presentar toda la documentación que considere importante frente al caso que desea tratar.

Claro, el usuario es quien determina la disponibilidad y la modalidad en que desea tomar la asesoría. Además de esto, manejamos diferentes canales de pago para cancelar la asesoría.

Una vez el usuario cancela la asesoría, se abre una historia jurídica en un software jurídico (Redelex). Allí queda consignada una fotografía, los datos personales y de contacto, el motivo de la asesoría y las recomendaciones jurídicas que hacemos. Por lo tanto, el usuario, obtiene orientación jurídica y la posibilidad de que su caso quede en la base de datos de Abogados con Propósitos S.A.S. y de esta manera poder hacer seguimiento, en los eventos necesarios.

Abogados con Propósitos S.A.S., toma como referencia las tarifas mínimas del Colegio de Abogados de Colombia, las cuáles se dan a conocer en la asesoría, de tal manera que el usuario o posible cliente, tenga la tranquilidad de que lo cobrado corresponde a lo justo.

Si, porque en Abogados con Propósitos S.A.S. se pretende que el dinero no sea un obstáculo para acceder a los servicios que se ofrece. Además, se manejan facilidades de pago que se acomoden a las necesidades del cliente.

Esencialmente, Abogados con Propósitos S.A.S., presta sus servicios en las áreas de: administrativo, civil, comercial, disciplinario, laboral, familia, penal, trámites notariales y reclamaciones administrativas.

No, porque la Ley lo prohíbe y no es ético dentro de las políticas de AP. Sin embargo, en AP se le garantiza al cliente el compromiso por parte del abogado y de la firma para llevar el caso de manera transparente y oportuna.